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ANTECEDENTES.
La "Contraloría Social" surge a comienzos de la década del 90, bajo la iniciativa de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), para supervisar, a nivel nacional, la aplicación de los recursos del PRONASOL. Este ente, junto con la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) (a la que estaba adscrito el PRONASOL), fijan el marco normativo, los lineamientos generales de la Contraloría Social en los Programas de Solidaridad, así como su esquema de instrumentación a fin de que la ciudadanía beneficiaria participara en forma organizada en la vigilancia y control de las obras y acciones realizadas con recursos federales, y así contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada.
Con la inclusión de la participación social, se inició la tarea conjunta SECOGEF (ahora SFP)-Órganos Estatales de Control, de capacitar, difundir y atender quejas y denuncias planteadas por la población beneficiaria, a través de la elección democrática en asamblea comunitaria de un Vocal de Control y Vigilancia, que fuera reconocido por su honestidad, interés en la comunidad, participación activa y responsabilidad; en él recaía la promoción de:
La participación de la población beneficiaria.
La adopción de elementos básicos de control e información a la comunidad por parte de los comités comunitarios
La vigilancia de los recursos; calidad de los materiales y cumplimiento de la normatividad
La orientación en la presentación de quejas y denuncias
La Contraloría Social tiene su sustento en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución.
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